Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas presentada en el Municipio

Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas presentada en el Municipio

El miércoles 4 de marzo una delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas encabezada por la profesora Silvana Tapia presentó los hallazgos de su proyecto "Acceso a la justicia de género en Ecuador: experiencias de las mujeres usuarias de los juzgados especializados en violencia contra la mujer y la familia, en Cuenca" en la Sala de Concejales del Municipio de la capital azuaya. 

La presentación se realizó en el marco de la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia de Género, que reúne a varios actores del cantón con el objeto de evaluar las políticas públicas que se diseñan e implementan para contrarrestar la violencia de género.

El Departamento de Género de la Universidad es parte de esta mesa.

"En ese contexto, nuestro equipo hizo una breve exposición de los hallazgos, mostrando que las disposiciones legales del código penal, en particular las procesales, no se compadecen con las experiencias vividas día a día por las mujeres sobrevivientes de violencia, quienes no tienen como objetivo central, cuando intentan acceder a la justicia, la condena penal del agresor, sino más bien requieren la protección inmediata ante una situación grave de violencia en curso", explicó la doctora Tapia y añadió:

"Paradójicamente, de acuerdo con la ley, cuando una denunciante no se presenta a la audiencia, toda medida de protección otorgada -la boleta de auxilio- pierde efectividad porque se descarta el proceso por falta de pruebas".

La investigación del equipo de la Universidad demostró que la mayoría de denuncias presentadas en los juzgados especializados son desechadas en razón del abandono del proceso, siendo apenas un 11% de todas las denuncias presentadas en los juzgados, entre 2014 y 2019, las que concluyeron con sentencia condenatoria.

El llamado "abandono" de las causas por parte de las denunciantes, de acuerdo con las entrevistas a profundidad realizadas, obedece a su precaria situación económica, al miedo al agravamiento de la violencia, a la pérdida de la custodia de los hijos y en general a una no identificación de su realidad personal con el funcionamiento del aparato de justicia, incluyendo la inadecuada intervención de la policía, concluyó la docente.