En defensa del acceso de los jóvenes a la universidad
El 10 de julio se llevó a cabo ante la Corte Constitucional la audiencia pública por la demanda propuesta por las Universidades del Azuay, Pontificia Católica del Ecuador, Católica de Santiago de Guayaquil, Politécnica Salesiana, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca, UTE y Técnica Particular de Loja en contra del Ministerio de Economía y Finanzas por el incumplimiento de los artículos 22 y 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior respecto a la entrega de rentas y asignaciones.
La audiencia inició con la intervención del Rector de la Universidad del Azuay, Francisco Salgado, quien mencionó que la medida adoptada por las universidades cofinanciadas busca contribuir al acceso a la universidad a los jóvenes de escasos recursos económicos.
“En nuestras ocho universidades se educan 152.000 estudiantes de los cuales 50.000 reciben estas becas para estudiar con nosotros, es un número tan grande que tampoco las universidades públicas podrían satisfacer, por esta razón se presenta esta demanda, con el fin de que no se afecten estos estudiantes en su oportunidad de acceder a la educación superior”.
Fernando Ponce León, Rector de la Pontificia Católica del Ecuador, agregó que “el 50% de los estudiantes a los que servimos tienen becas con dinero estatal, cuando las asignaciones de recursos para estas becas se atrasan, se recortan o faltan, nosotros continuamos becando a los estudiantes, y permitiendo su educación con recursos de las universidades”.
Luego se dio paso a uno de los abogados patrocinadores por la parte demandante, José Chalco Salgado, quien mencionó que se está activando una garantía jurisdiccional, que en materia constitucional se entiende como reactiva o concreta, pues reacciona ante la violación de un derecho constitucional.
“Esta vulneración, cabe mencionar, no se da a partir de la pandemia, hubo un reclamo previo que se presentó el 28 de febrero de 2020 ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que las asignaciones tardías no habían sido entregadas a las universidades desde octubre del año 2019, es decir existía ya una vulneración, que persiste hasta hoy”.
A continuación, el otro abogado patrocinador, Sebastián López, añadió que se busca evitar con la medida la discrecionalidad del actor público y que se desatienda una norma de carácter orgánico.
“El artículo 22 de la LOES establece que la Función Ejecutiva no podrá privar de las rentas o asignaciones al mismo tiempo establece que no se podrá retardar las transferencias, el artículo 33 de la LOES dispone la acreditación automática de las rentas a favor de las instituciones que integran el régimen de Educación Superior; en este caso en concreto el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una obligación por ley clara expresa y exigible de actuar o de hacer, de cumplir”.
La Jueza Sustanciadora Teresa Nuques preguntó a los abogados patrocinadores con respecto al tiempo en el que esta obligación debe cumplirse para que se vuelva exigible, a lo que José Chalco Salgado respondió:
“El Art. 33 habla de una acreditación de tipo automático, esa automaticidad se da en una transferencia mensual, no por un periodo correspondiente a un semestre. Es decir, se tiene el derecho de exigir el no retardo de las rentas de forma mensual”
Luego se dio paso a la entidad demandada, representada por el abogado Jonathan Salazar, quien hizo referencia a la sostenibilidad de la caja fiscal y la crisis económica existente antes de la crisis sanitaria del Covid-19 y posteriormente agravada por la misma. En su intervención manifestó:
“Como todo sabemos, la realidad económica del país ha sido golpeada debido a varios aspectos que no son controlables por parte del Estado ecuatoriano o de todos los estados en general, teniendo como aspecto principal la crisis sanitaria del Covid-19”.
El abogado indicó que el Ministerio reconocía con total “transparencia y total honestidad” que existe una deuda a favor de las instituciones de educación superior cofinanciadas pero añadió que un desembolso inmediato del dinero adeudado pondría en grave crisis al propio sistema económico.
Por último, el Rector de la UDA recordó que la deuda del Ministerio no es igual para todas las universidades ya que a algunas instituciones se les adeuda un solo mes mientras que a otras 8 o 9 meses, “y eso realmente es algo discriminatorio”.
“Recalco que no se trata de la defensa de una institución en particular si no de los jóvenes y su derecho de acceder a la educación superior, sin que la falta de recursos sea un criterio de impedimento”, concluyó Francisco Salgado.
